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Tema: Estafadores...Contrabandistas...Corruptos....

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    Queen of queens : Owner Avatar de La_Emperatriz
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    Estafadores...Contrabandistas...Corruptos....

    Denuncian a la madre de María Eugenia Vidal por una estafa de 300 millones de dólares Se trata de Norma Susana Cascallares de Vidal. Fue acusada de ofrecer inversiones en la mesa de dinero del banco dirigido por Rubén Beraja. Norma Susana Cascalleres de Vidal, madre de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, deberá comparecer en un careo con un ahorrista, después de que fuera reconocida como la persona que le ofrecieron mejore su rentabilidad invirtiendo en la mesa de dinero del vaciado Banco de Mayo, dirigida por Rubén Baraja. Cascallares de Vidal está acusada de ser la persona que convencía a los clientes para que depositen sus ahorros en las mesas de dinero del Banco Mayo, que manejaba Rubén Beraja, y que se alzó con 300 millones de dólares, y luego de vaciarlo hicieron quebrar al banco, realizando así uno de los fraudes más grandes de la historia argentina. En marco del juicio oral y público abierto en octubre del año pasado por el Tribunal Oral Federal N°3, el principal implicado es el ex Presidente de la Daia, Rubén Beraja. Según contó el periodista Néstor Espósito en su programa "Volver a las fuentes" por Radio Del Plata, uno de los ahorristas estafados declaró que quien lo atendió en varias oportunidades en el Banco mayo, era la señora Norma Susana Cascallares de Vidal. Cuando el mismo, solicitó llevar a cabo un plazo fijo, la madre de María Eugenia Vidal le ofreció una "mejor rentabilidad" en una "mesa de dinero" del propio Banco. Por otra parte, la mano derecha de Rubén Beraja en aquellos años (mediados de los años 90), era el hoy secretario de DDHH, Claudio Avruj. El juicio por el vaciamiento del Banco Mayo ocurrido en 1998 ya cuenta con 14 im****dos por los delitos de asociación ilícita y defraudación contra la administración pública. El manejo del dinero de los ahorristas, a través de las denominadas “mesas de dinero” -con nombres de fantasía como “Mayflower Bank” y “Trust Inversions S.A.”- habrían operado en las instalaciones del Banco Mayo, y el monto de las transacciones ascendería a 300 millones de dólares. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ MAURICIO MACRI : CAUSAS PENALES EN INVESTIGACIÓN CALCULADORA EN MANO, EMPIECEN A SUMAR TODA LA GUITA QUE ESTE ****** LE ROBO AL ESTADO PARA FAVORECERSE EL Y SUS AMIGOS Y PARIENTES...... ESE ES EL DINERO QUE LE FALTA AL PAÍS. PRESIDENTE PROCESADO Panamá Papers Macri figura entre los políticos incluidos en la investigación internacional sobre paraísos fiscales denominada “Panama Papers”, publicada el 3 de abril de 2016 por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Según la investigación, integró junto a su padre Franco y su hermano Mariano el directorio de la sociedad offshore Fleg Trading Ltd, registrada en las Bahamas entre 1998 y 2009. Al ser electo jefe de Gobierno porteño en 2007, el ahora presidente no incluyó en sus declaraciones juradas su conexión con la firma. El portavoz oficial de Macri, Iván Pavlovsky, dijo que el presidente argentino no declaró su participación en esa empresa offshore como un activo porque no tenía ninguna participación de capital en ella. El periodista Joaquín Morales Solá consideró improbable que el caso llegara a judicializarse, ya que Mauricio Macri figura personalmente en el directorio de la empresa (y no utilizando un testaferro), Franco Macri declaró la cuenta ante la AFIP, el movimiento de dinero fue insignificante, y fue cerrada un año después de que Mauricio Macri fuera electo jefe de gobierno. El 7 de abril, a pocos días de conocerse el escándalo, Mauricio Macri fue formalmente im****do por el fiscal Federico Delgado. Al declarar ante el juez Sebastián Casanello que investiga el caso, el periodista argentino Hugo Alconada Mon, que participó de la investigación, dijo que no surgía la existencia de cuentas bancarias a nombre de Fleg Trading, ni negocios con Brasil; respecto de la sociedad off-shore creada en Panamá en la década del 80, denominada Kagemusha, dijo que no surgía de su investigación que Macri hubiera tenido participación; finalmente aportó el dato sobre la existencia de otra sociedad denominada “Macri Group” pero aseguró que “no surge ningún vínculo con el presidente ni ningún otro Macri ni persona vinculada”. Por su parte, la abogada experta en sociedades, Silvana Martínez, colaboradora de Margarita Stolbizer y exfuncionaria de la Inspección General de Justicia (IGJ), atestiguó ante el juez que “la IGJ no inscribe desde el año 2003 sociedades off-shore” y que solo deben inscribirse en Argentina si van a desarrollar negocios en el país. Agregó que los accionistas “deberían declararlas en la AFIP en la medida que reciban dividendos” y, en el caso de los directores, función en la que aparecía Macri, solo deberían ser declaradas en el caso que “reciban remuneraciones por los servicios prestados”. No obstante, la Unidad de Información Financiera (UIF) entregó al juez federal Sebastián Casanello un despacho de inteligencia, a través del cual se confirma que Macri forma parte del directorio de Kagemusha. El 20 de septiembre de 2017 el juez en lo Civil Andrés Fraga determinó que en la sociedad Fleg Trading Ltd, de Bahamas, Mauricio Macri solo aceptó el cargo de director para el que fue designado al solo y único efecto de designar a un reemplazante y renunciar y que en Kagemusha, de Panamá, no aceptó siquiera tácitamente el cargo de director para el que fue designado por Francisco Macri. La sentencia agrega que en ninguna de las dos sociedades fue socio o accionista, que no percibió de ellas dividendos, utilidades ni ganancias no participó en las decisiones empresarias ni en negocio alguno ni fue titular o cotitular de alguna cuenta corriente bancaria de las mismas. Causa por el Soterramiento del Sarmiento En noviembre de 2016 los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques denunciaron ante la Justicia la posible falta de transparencia en un incremento presupuestario a una obra previamente licitada, a favor de una empresa dirigida por su primo Ángelo Calcaterra: mediante el decreto 797/2016, Macri asignó al soterramiento del Ferrocarril Sarmiento 45 000 millones de pesos (aproximadamente 3 000 millones de dólares). Causa correo argentino El 14 de febrero de 2017 el fiscal Juan Pedro Zoni imputó a Mauricio Macri y Oscar Aguad, —ministro de Telecomunicaciones—, por el acuerdo entre el Estado y el Grupo Macri en relación a la deuda del Correo Argentino. En ese acuerdo el Estado aceptó una quita del 98,82 % de la deuda, en beneficio de Correo Argentino S.A., propiedad de la familia presidencial. Asimismo se conoció que la Enacom, desistió de cobrarle ese mismo mes una multa por casi 300 mil pesos a la empresa propiedad del grupo Macri que ya tenía sentencia de segunda instancia en favor del Estado. A pesar de que el Estado le había ganado el juicio a la empresa, la Enacom decidió no cobrarle la deuda. Dicha maniobra terminó en una causa penal investigada por el Juzgado Federal N° 4 a cargo del Dr. Ariel Lijo, por una maniobra que intentó utilizar el gobierno de Mauricio Macri para condonar una multa del Correo Argentino S.A, a través del Ente Nacional de Comunicaciones, advirtiendo según el denunciante una deliberada estrategia de “resolver” de inmediato los conflictos judiciales vinculados a las empresas de la familia presidencial. La deuda original asciende a $ 296,2 millones de pesos. Finalmente fue im****do por los delitos de administración fraudulenta, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública luego de que se conociera que el Estado le condonó una deuda millonaria a una empresa del grupo Macri, que administraba el Correo Argentino. Según calculó la fiscal Gabriela Boquín la deuda implicaría un perjuicio de más de 70 mil millones de pesos para el Estado. Causa acuerdo holdouts En otra causa penal, la Justicia argentina investiga a Macri por el acuerdo para pagar una multimillonaria deuda con los fondos “buitre” (especuladores) y por la que es acusado de posible estafa y fraude contra el Estado. El acuerdo es investigado por irregularidades tales como falta de informes que sustenten los montos demandados, acuerdos firmados a mano alzada, la no individualización de los títulos incorporados, que en la mayoría de los casos se pagó más de lo acordado en las sentencias y que que no haya documental que avale qué títulos se abonaron- para el cual el país emitió la mayor suma de deuda para cualquier nación en desarrollo desde 1996, siendo el país que más se endeudó en el mundo desde 1996 según el Financial times En noviembre de 2016 un nuevo fondo volvió a denunciar a la Argentina. El 26 de abril de 2016 Argentina le realizó un primer pago de 9300 millones de dólares -el cual fue calificado por el fiscal Federico Delgado como una gigantesca estafa al Estado nacional En 2017 tras meses de investigaciones el fiscal del caso declaró que el endeudamiento por u$s 16.500 millones que encaró la administración de Cambiemos para luego cancelar en efectivo u$s 12.500 millones a los bonistas en default fue el broche de oro de una gigantesca estafa al Estado nacional. Caso Avianca En 2016 a pocas semanas de asumir Mauricio Macri la presidencia del país, dio de baja la flota oficial al tiempo que descartó viajar en la empresa Aerolíneas Argentinas, eligiendo vuelos privados de la empresa Macair Jet perteneciente al Grupo Macri, que de este modo sería la empresa directamente beneficiada con contrataciones del Estado. El 27 de diciembre, el periodista Nicolás Pizzi reveló la creciente influencia de la firma aérea ligada al Grupo Macri y vinculó esto a las “decisiones que tomó el gobierno de Mauricio Macri sobre el manejo de la flota oficial”. De este modo el Estado contrataría aviones del Grupo Macri para viajes oficiales a partir de enero de 2016, la medida fue calificada como verdadero negociado millonario con el Estado que involucra a una de las empresas familiares del presidente. El secretario General de APLA, denunció la implementación de una política de apertura del mercado aéreo a capitales privados que terminan mezclándose con intereses privados de la familia presidencial Posteriormente en mayo se vinculó a la firma Mc Air Jet, de la familia Macri con a quiebra de la Aerolínea Sol. El 27 de diciembre, una nota del periodista Nicolás Pizzi en el diario Clarín reveló cómo “crece la influencia de una firma aérea ligada al Grupo Macri” y vinculó esto a las “decisiones que tomó el gobierno de Mauricio Macri sobre el manejo de la flota oficial”. Finalmente fue im****do por el fiscal federal Jorge Di Lello junto a su padre Franco, al Secretario General de la Presidencia, Fernando De Andreis, y a funcionarios de Avianca por asociación ilícita, negociaciones incompatibles, defraudación contra la administración pública y tráfico de influencias. En su requerimiento de instrucción, describió una serie de maniobras -entre ellas el otorgamiento de rutas aéreas- presuntamente destinadas a beneficiar a AVIANCA, empresa que en 2016 adquirió la firma Macair Jet, propiedad del grupo económico liderado por Franco Macri. La denuncia señala que "la privatización del servicio de traslado de funcionarios, la búsqueda de aviones nuevos por cifras millonarias y las denuncias por el uso de aviones de la empresa familiar, se produce a principios de 2016 con la venta de ´Macair Jet´ a la compañía de origen colombiano AVIANCA. Causa por Memorándum con Qatar Se encuentra im****do penalmente por causa por Memorándum Argentina-Catar, una causa judicial argentina, a raíz de la firma de un memorándum secreto de entendimiento con Catar a cargo del juez Rafecas y de la fiscal Paloma Ochoa, por el acuerdo por 1300 millones de dólares. En la causa se encuentran im****dos también la vicrepresidente Gabriela Michetti, el ex titular del Fondo de Garantía de sustentabilidad de la Anses, Luis María Blaquier; la canciller Susana Malcorra; el titular de la Anses, Emilio Basavilbaso; el secretario de Presidencia Mario Quintana; el presidente de YPF, Miguel Gutiérrez; el director general de Relaciones Internacionales del Senado, José Ortiz Amaya; la embajadora argentina en Doha, Rossana Cecilia Surballey; y el ex tenista Gastón Gaudio por los delitos de estafas y defraudaciones, administración fraudulenta, y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas. El 30 de diciembre de 2016 Mauricio Macri, la vicepresidente Gabriela Michetti, así como otros funcionarios del gobierno argentino, fueron im****dos por la fiscal Paloma Ochoa por la eventual comisión de los delitos de otorgamiento de actos irregulares o indebidos, estafas y defraudaciones (artículo 174 inciso 5 del Código Penal), administración fraudulenta (artículo 173 inciso 7º del Código Penal) y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas (artículo 265 del Código Penal) en perjuicio al erario público, como partícipes de la firma del Memorándum con Catar de noviembre de 2016, creando un fondo de inversión por 1.300 millones de dólares estadounidenses, con una «estructura offshore», para la administración del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES. El juez que dirige la investigación es Daniel Rafecas. Mientras se negociaba el acuerdo, el asesor presidencial Horacio Reyser compartió información confidencial del Estado a un empresario amigo, Nicolás Rosendi. Según consta en la causa desde el 28 de julio, cuando Mauricio Macri recibió al emir de ese país, Sheik Tamin bin Hamad Al Thani, hasta el domingo 6 de noviembre, momento en el que se firmó el acuerdo, hubo correos de Estado que se compartieron a empresarios privados. Y estos con la información privilegiada, habrían firmado contratos millonarios con Qatar Investment Authority (QIA) para ser “consejero local” del fondo de mil millones de dólares que se acordó con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) Según la investigación judicial el intermediario entre el Gobierno y Qatar, Diego Nicolás Rosendi, mantenía vínculos comerciales con Juliana Awada, esposa de Mauricio Macri y primera dama argentina. El empresario participó en las negociaciones por el fondo de inversión catarí. Rosendi mantiene U$S 7,6 millones en paraísos fiscales y al mismo tiempo pagaba expensas de Juliana Awada en la residencia de un country propiedad de esta. Finalmente se requirió que la investigación involucre también a Rosendi, socio de Awada por las figuras de abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, cohecho y tráfico de influencias y violación de secretos. Im****ción por supuestas coimas al juez Freiler en la Causa por espionaje de 2009 En 2016 el periodista Carlos Pagni afirmó que Daniel Angelici, supuesto operador judicial de Mauricio Macri, le dio dinero a un juez en forma de coimas para beneficiar a Macri en la Causa por espionaje en la Ciudad de Buenos Aires (2009) Angelici se habría reunido con Eduardo Freiler, juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, por una presunta maniobra para favorecer a Mauricio Macri en la causa por las escuchas ilegales. Finalmente fue im****do junto al juez Freiler y Daniel Angelici. En noviembre de 2016 el di****do Julo Raffo presentó una denuncia contra Daniel Angelici y Eduardo Freiler por el supuesto pago de dinero para beneficiar al actual Presidente. Es que el 14 de junio de este año, la Sala I de la cual Freiler forma parte, confirmó el sobresimiento de Macri en la causa por las escuchas ilegales por supuesto delito de cohecho o prevaricato. Luego del sorteo, la denuncia se tramita en el Juzgado Federal Nº1, a cargo de la jueza María Servini de Cubría. Freiler pidió dinero a Angelici para favorecer a Macri en la causa de las escuchas ilegales y sobreseerlo. Posteriormente Pagni ratificaria ante la justicia sus dichos El 12 de diciembre la jueza federal María Romilda Servini de Cubría citó a declarar como testigo de la causa a Carlos Pagni Otras im****ciones También se encuentra im****do en otras causas penales, entre ellas en la causa por el decreto de blanqueo de capitales a familiares, por el que resultó im****do por fiscal Guillermo Marijuan ante una denuncia por la di****da Victoria Donda. En abril de 2017 sumó una nueva im****ción cuando el fiscal federal Franco Picardi pidió investigarlo junto al ministro de energía Aranguren, ante la sospecha de que el incremento de tarifas fue con la intención de favorecer a empresarios que incursionaron en el rubro energético como Nicolás Caputo, John Lewis y Marcelo Mindlin, todos ellos cercanos a Macri. El 7 de septiembre de 2017, el fiscal Delgado imputó a Macri por encubrimiento sobre el caso Santiago Maldonado e impulsó una investigación para determinar si desde el gobierno de Mauricio Macri se encubrió la desaparición de Santiago Maldonado. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++ Procesan a Mauricio Macri por contrabando Lo acusan de exportar autopartes a Uruguay y cobrar reembolsos para importarlas como autos armados (0) Compartir 23 de febrero de 2001 El presidente de Boca Juniors, Mauricio Macri, fue procesado por el juez en lo penal económico Carlos Liporace por contrabando, al responsabilizarlo de cobrar reintegros por exportaciones e importaciones de autopartes de la empresa Sevel al Uruguay. Su padre, Francisco Macri ya se encuentra procesado en esta causa y tiene un embargo de 4.900.000 pesos. El mismo embargo dispuso el juez para su hijo Mauricio. Jorge Aguado, responsable de Relaciones Institucionales del grupo Socma, señaló que el procesamiento es "sólo un trámite procesal", como consecuencia de lo que había resuelto la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico, en octubre pasado. Macri, que anteanoche, cuando ya sabía del fallo dijo que pensaba alejarse de Boca y dedicarse a la política, podría llegar a perder la presidencia del club, pues el estatuto prevé que debe dejarla si resulta condenado. El juez Liporace citó a Macri para ampliar su indagatoria para el miércoles 28 del actual. La Justicia investiga exportaciones realizadas en 1993 por Sevel de Argentina a Sevel Uruguay, lo que le permitía cobrar reintegros por exportaciones. Pero, a su vez, esas piezas, eran ensambladas allí y luego importadas a la Argentina en forma de automóviles terminados. De este modo, según el tribunal, Sevel cobraba reembolsos por exportaciones y realizaba las importaciones con un arancel diferencial del 2 por ciento. Además, según el fallo, se beneficiaba con el sistema de importación compensada a partir de los automotores exportados. La investigación se centró en exportaciones realizadas en 1993 y, tras comparar números de chasis y de motor de 1300 vehículos, se determinó que las mismas partes que salían de la Argentina a su vez eran reingresadas en el país, luego de ser compradas y vendidas por Sevel Uruguay y Drago SA, supuestamente controlada por Sevel, según fuentes judiciales. Un cálculo aproximado realizado por los investigadores concluyó que el monto de lo percibido como reintegro asciende a unos 7.000.000 de pesos. La investigación que comandó la fiscal María Gabriela Ruiz Morales permitió establecer que mediante esta operatoria, sólo en 1993 se habrían evadido unos 14 millones de pesos. Pero los investigadores creen que esta práctica se mantuvo hasta 1995. El suspendido juez en lo penal económico Guillermo Tiscornia había procesado a Francisco Macri y declaro la falta de mérito de Mauricio, pero en octubre último, la Cámara en lo Penal Económico confirmó el procesamiento del padre y revocó el de su hijo. Ahora Liporace, a instancias de los integrantes de la Sala B de la Cámara, lo procesó por el delito de contrabando agravado que prevé una pena de entre 2 y 10 años de prisión. La Aduana era querellante en este expediente hasta el fallo del tribunal de alzada.
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  2. #2
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    Y, con tantas acusaciones pendientes, es extraño que los peronchos no aprueben la extinción de dominio.....
    O miente la nona?

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